El refugio cumple este miércoles 41 años, periodo en el que se ha restaurado 25 hectáreas de bosque autóctono, y WWF reclamó a la Junta de Castilla y León que apruebe de forma participativa el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural Hoces del Riaza, el cual “lleva más de una década de retraso”.

WWF indicó que ha trabajado “incansablemente para conservar, proteger, defender y divulgar los valores de este emblemático espacio natural”, y que en los últimos 41 años se han conseguido “importantes logros en conservación” gracias al apoyo de miles de voluntarios, entidades como el Fondo para el Refugio de las Hoces de Riaza y la buena disposición de la población local.

Esta ONG indicó que el principal hito de estos años es “el notorio incremento” de la colonia de buitre leonado, que ha triplicado su número, si bien apuntó que también se ha avanzado en la mejora de hábitats degradados, con la restauración de 25 hectáreas de bosque autóctono y de cinco puntos de agua para especies amenazadas, como anfibios, o la recuperación de la continuidad fluvial del río Riaza en 15 kilómetros.

"La riqueza ambiental y los valores del Refugio han sido reconocidos a todos los niveles, y hoy en día este espacio, que está enclavado en el Parque Natural de las Hoces del Riaza, forma parte de la red de espacios naturales de Castilla y León y de la Red Natura 2000 (la red ecológica europea)”, añadió.

Sin embargo, WWF lamentó que la Junta de Castilla y León no haya aprobado “el obligatorio Plan de Uso y Gestión del Parque Natural de las Hoces del Riaza, a pesar de su compromiso de hacerlo antes de 2015 y de llevar 11 años de retraso”.

WWF denunció que los únicos planes aprobados hasta el momento son la gestión del LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y de la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) de la Red Natura 2000, que fueron presentados como “documentos prácticamente definitivos sin dar opción a debate alguno a los agentes locales”, con lo que finalmente vieron la luz a finales de 2015.

Aunque la ONG valoró el esfuerzo de la Junta de Castilla y León por sacar adelante estos planes, criticó la falta de participación de la población local durante su elaboración y la falta de desarrollo de objetivos y medidas concretas de conservación, lo que dificulta la puesta en marcha de actuaciones que impliquen a los habitantes de la zona y que supongan un beneficio para el medio ambiente.