Es la principal denuncia que este miércoles hicieron expertos en el fenómeno de los refugiados, reunidos en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE durante la jornada 'Refugiados. Nuevos retos, nuevas políticas', a la que asistieron especialistas de Frontex, Acnur y el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la universidad. Todos coincidieron en denunciar que hay Estados que no cumplen los compromisos adquiridos y en la necesidad de que la opinión pública lo sepa.

La conclusión de la jornada organizada por el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la universidad y por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) fue la necesidad de establecer estrategias para diseñar un sistema de gestión de las fronteras que concilie control migratorio con el respeto a los derechos y libertades individuales y las obligaciones de protección, a pesar de que las cifras son elevadas y ponen a prueba nuestros valores constitucionales, compromisos de protección y nuestra capacidad de gestión.

Cristina Gortázar, directora de la Cátedra Jean Monnet de Derecho de Inmigración y Asilo e investigadora del IUEM, subrayó la especial importancia de Turquía en este momento y la necesidad de que cambie su legislación para que consideren a los refugiados como tales, ya que sus leyes los definen como “personas en protección temporal”. Gortázar afirmó que “la UE debería extender visados humanitarios y establecer cuotas obligatorias de reasentamiento”.

Gortázar también denunció que solo se hayan reubicado a 331 de los 160.000 refugiados previstos, y definió como “bochornosa” la falta de medios materiales en los hot spots, o puntos de llegada de los solicitantes de refugio.

Cristina Manzanedo, del SJM, dijo que la capacidad de gestión está siendo limitada y que se nota “falta de voluntad política”. Según los datos expuestos durante la jornada, de los 17 países que han ofrecido plazas para realojar a los refugiados (unas 4.000 en total), España apenas tiene 50. Además, definió la actual situación como “el mayor reto europeo del siglo XXI” e insistió en la necesidad de proteger a las personas en tránsito en la frontera sur y en acoger e integrar a refugiados en España. “Qué mejor ocasión que ésta para mejorar la calidad del sistema, favorecer la integración y hacer visible a una ciudadanía comprometida y activa que pida al Gobierno y a las instituciones que se atengan a sus valores y compromisos”, recalcó.

Pablo Gómez Tavira, director general de Servicios Sociales e Integración Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, manifestó que “la gente nos llamaba queriendo ayudar, pero la solidaridad se ha frustrado por la racanería de los Estados”.

Por su parte, José Luis Pinilla, director de la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, instó a “mirar a los países de origen y su realidad” y a que “la cooperación al desarrollo aumente, como mínimo, a los niveles de 2008”.