Según informaron fuentes jurídicas, la operación ha sido ordenada por el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. La investigación policial y los arrestos han sido realizados por la Guardia Civil.

En esta causa se investiga una presunta trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, cuyos integrantes supuestamente se servían de sus puestos de responsabilidad en las instituciones o en empresas para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

La actuación judicial de este martes se ha saldado con, al menos, 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. En la causa hay 29 investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

33 REGISTROS

Entre los detenidos se encuentra Alfonso Rus y el ex vicepresidente de la Corporación Provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla.

También figuran entre los 29 investigados, además, una ex concejal de Valencia (María José Alcón); un ex vicepresidente de la Diputación y ex alcalde de Moncada, Juan José Medina; el ex acalde de Genovés, Emilio Llopis, y Carmen García Fuster (PP Valencia)

En la operación desarrollada se han llevado a cabo 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública Ciegsa) y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), la sede de un equipo de fútbol (Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente) y la sede del Grupo Municipal del PP en Valencia.

La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación. Su exdirector general Marcos Benavent. Benavent está imputado en la causa, pero no se halla entre los arrestados hoy.

QUERELLA EN MARZO

La práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia inicial. El trabajo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) bajo la dirección del fiscal del caso concluyó en la presentación de una querella que por turno de reparto cayó en Instrucción 18 el pasado mes de marzo.

El juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el principio. En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

En el marco de esta diligencias se ha desarrollado la operación de hoy encaminada a la detención de algunos de los investigados, al aseguramiento de pruebas y a la adopción de medidas cautelares. La operación sigue abierta. La causa continúa secreta.