El informe, titulado ‘Quiero un lugar seguro: Mujeres refugiadas de Siria desarraigadas y desprotegidas en Líbano’, pone de relieve que la negativa del Gobierno a renovar los permisos de residencia de las personas refugiadas (Líbano es el país con más refugiados acogidos per cápita del mundo) y la escasez de fondos internacionales dejan a las mujeres refugiadas en una situación precaria y las expone al riesgo de ser explotadas por personas que ocupan posiciones de poder, como arrendatarios, empleadores e incluso la policía.

“La combinación de una escasez significativa de fondos internacionales para la crisis de refugiados y de las estrictas restricciones impuestas a las personas refugiadas por las autoridades libanesas está alimentando un clima en el que las mujeres refugiadas de Siria corren riesgo de sufrir acoso y explotación, y no pueden pedir protección a las autoridades”, declaró Kathryn Ramsay, investigadora sobre cuestiones de género de Amnistía Internacional.

En 2015, Líbano impidió a la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) que siguiera registrando a personas refugiadas sirias e introdujo unas nuevas normas que dificultaban que éstas renovasen su permiso de residencia, con lo que, sin una situación jurídica adecuada, pueden ser objeto de detención arbitraria, detención e incluso de expulsión, ce manera que muchas de ellas tienen miedo de denunciar los abusos a la policía.

Amnistía apuntó que un 20% de las familias refugiadas sirias en Líbano está encabezada por una mujer, que, en muchos casos, se convierte en la principal fuente de ingreso de la familia tras el homicidio, la desaparición forzada o el secuestro de su esposo en Siria.

“La mayoría de las personas refugiadas procedentes de Siria que están en Líbano tienen dificultades para sobrevivir en condiciones a menudo desesperadas. Sufren una discriminación generalizada y obstáculos importantes para obtener comida, vivienda o un empleo. Para las mujeres refugiadas que sobreviven en estas circunstancias, las dificultades suelen ser aún mayores, pues muchas de ellas -sobre todo las que ejercen de cabezas de familia- corren un riesgo mayor de acoso, explotación y abusos en el trabajo y en la calle”, prosiguió Ramsay.

SALARIOS BAJOS

Por otro lado, la cuarta parte de las mujeres con las que habló Amnistía Internacional había dejado de recibir la asignación para alimentos a lo largo de 2015, cuando la ONU sólo recibió el 57% de los fondos que solicitó para desarrollar su labor humanitaria en Líbano.

Muchas mujeres refugiadas dijeron que tenían dificultades para afrontar el elevado coste de la vida en Líbano y pagar la comida o el alquiler, lo que las expone a un mayor riesgo de sufrir explotación. Algunas contaron casos en que hombres les habían hecho insinuaciones sexuales inadecuadas o les habían ofrecido ayuda económica o de otro tipo a cambio de sexo.

Además, Amnistía Internacional señala que las mujeres refugiadas que habían conseguido un empleo para mantenerse denunciaban que sus empleadores las explotaban pagándoles unos salarios excesivamente bajos. “Saben que aceptaremos cualquier salario bajo que ofrezcan porque lo necesitamos”, dijo Hanan, refugiada palestina de Siria con nombre supuesto para proteger su identidad.

Asmaa, de 56 años y también con nombre ficticio, es una refugiada palestina de Siria que vive en Shatila, un campo de refugiados situado en los suburbios del sur de Beirut, y dijo que no dejaba que sus hijas trabajasen por miedo a que sean víctimas de acoso: “Mi hija trabajaba en un comercio. El gerente la acosó y la tocó. Por eso ya no dejo a mis hijas que trabajen”, afirmó.

Varias mujeres contaron también que habían dejado su empleo o no lo habían aceptado porque pensaban que el comportamiento de los empleadores había sido inadecuado.

PERMISOS DE RESIDENCIA

Por otra parte, encontrar dinero suficiente para pagar el alojamiento es otra dificultad significativa en Líbano, puesto que, según AI, al menos el 58% de las personas refugiadas sirias vive en apartamentos o casas de alquiler y otras viven en edificios en ruinas y asentamientos informales. Muchas mujeres recalcaron que no podían pagar los exorbitantes alquileres y vivían en alojamientos precarios.

“Sea porque les pagan menos en el trabajo o porque viven en casas sucias, infestadas de ratas y llenas de filtraciones, la ausencia de estabilidad económica causa enormes dificultades a las mujeres refugiadas y anima a personas que ocupan posiciones de poder a aprovecharse de ellas”, apuntó Ramsay.

Además, Amnistía subrayó que los gravosos trámites burocráticos y el alto precio que tienen que pagar las personas refugiadas para renovar sus permisos de residencia, introducidos por el gobierno libanés en enero de 2015, han impedido a muchas de ellas la renovación de los permisos. “Sin un permiso de residencia válido, las personas refugiadas de Siria suelen vivir con el temor a ser detenidas y no denuncian los abusos a la policía”, agbregó.

La mayoría de las mujeres refugiadas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que la falta de un permiso de residencia les impedía denunciar los delitos a las autoridades libanesas. De hecho, una de ellas contó que fue víctima de acoso después de acudir a la policía: “Al cabo de un tiempo, los policías se pasaban por nuestra casa o nos llamaban y nos pedían que saliéramos con ellos. Eran los mismos tres policías que tomaron nota de nuestra denuncia. Como no tenemos permisos [de residencia] legales, nos amenazaron. Dijeron que si no salíamos con ellos nos meterían en la cárcel”.

Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional que aumente el número de plazas de reasentamiento y otras rutas seguras fuera de la región que se ofrecen a las personas refugiadas de Siria, así como aumentar la ayuda económica y usar la conferencia de donantes de Londres para comprometerse a cubrir las necesidades de financiación de la ONU destinadas a prestar asistencia a la crisis siria para el periodo 2016-2017.