En una entrevista a Rne, recogida por Servimedia, Tejerina señaló que esta fábrica opera con una autorización ambiental integrada que fue renovada por el bipartito que formaban el PSOE y el BNG en 2008. “La factoría cumple al 100% la legislación ambiental gallega, española y europea”, indicó.

Además, afirmó que la prórroga de la concesión por otros 60 años no es política, sino que se debe al “cumplimiento estricto y automático de una ley, con lo cual no hay caso político”.

Tejerina recalcó que en la fábrica trabajan casi 400 personas y da empleo en Galicia a unas 5.000, con lo que aseguró no entender “qué daño queremos hacer a tantas familias gallegas privándoles del puesto de trabajo” cuando “se cumplen todos los requisitos establecidos en las leyes”.

“Es el resultado de una tramitación ordinaria de un expediente que es la aplicación automática de una ley. No hacerlo al final podría traer consecuencias hasta penales”, apostilló, antes de recalcar que el procedimiento de la prórroga “se ha hecho con todas las garantías de transparencia y participación de los afectados”, y que Ence se ha comprometido a invertir más de 60 millones de euros, “la mayor parte de ellos precisamente a mejoras medioambientales”.