El informe indica que las autoridades de Karaj (norte de Irán) decidieron el pasado 3 de marzo dejar deliberadamente ciego del ojo izquierdo a un hombre al que un tribunal había impuesto un “castigo equivalente al delito” (‘qesas’) por arrojar ácido a la cara de otro y el condenado también corría peligro de perder el ojo derecho.

Además, las autoridades postergaron la ejecución de la pena de otro preso, prevista para el mismo 3 de marzo, que estaba condenado a ceguera y sordera.

El 28 de junio, los responsables de la Prisión Central de Mashhad, en la provincia de Jurasán (este de Irán), amputaron cuatro dedos de la mano derecha, al parecer sin anestesia, a dos hombres que habían sido declarados culpables de robo.

Amnistía destaca que el año pasado también se aplicaron condenas de flagelación en Irán. Por ejemplo, un vicefiscal general de Shiraz (suroeste de Irán) anunció que se había detenido a 500 personas y enjuiciado y declarado culpables a 480 de ellas en un plazo de 24 horas por interrumpir públicamente el ayuno en el Ramadán. A la mayoría de ellas les impusieron penas de flagelación administradas por la Oficina de Aplicación de Condenas.

Por otro lado, Amnistía Internacional señala que las autoridades iraníes restringieron severamente el año pasado el derecho de libertad de expresión, asociación y reunión, y detuvieron y encarcelaron a periodistas, defensores de los derechos humanos, sindicalistas y otros disidentes por cargos imprecisos y demasiado generales.

Además, apunta que la tortura y otros malos tratos a detenidos continuaron siendo una práctica habitual y se cometían con impunidad, en tanto que las condiciones de reclusión eran duras.

En Irán seguían celebrándose juicios injustos, en los que se imponía a veces la pena de muerte, y las mujeres y las minorías étnicas y religiosas sufrían discriminación generalizada en la legislación y en la práctica.

Amnistía Internacional recalca que los tribunales impusieron en 2015 la pena de muerte por diversos delitos y hubo ejecuciones, incluidas al menos cuatro de personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad.