La denominada Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte fue aprobada con los votos a favor de todos los grupos exceptuando la negativa del PP a aceptar los artículos 18, 21 y 27 del texto.

Durante el debate en el Pleno de la Cámara andaluza, la consejera de Salud, María Jesús Montero, destacó el respeto por la libertad y la autonomía personal, así como el respeto por las creencias individuales de las personas, implícitos en la ley, con la que, dijo, "Andalucía se convierte en referencia legislativa dentro y fuera de España".

"El imperativo de una vida digna alcanza también a la muerte", afirmó, "y eso es lo que se trata de concretar y regular", que los pacientes, "a partir de hoy", transiten esta última etapa "con dignidad, mejores cuidados y autonomía".

Montero tuvo unas palabras de recuerdo también para Inmaculada Echevarría, la navarra que sufre desde los 11 años una distrofia muscular progresiva que le ha condenado a vivir en una cama y atada a un respirador en un hospital de Granada.

La diputada autonómica del PP Ana María Corredera mostró su "decepción por la falta de diálogo, por parte del Gobierno", que, dijo, "ha mantenido una postura inamovible" y consideró que ya existen leyes que garantizan la autonomía del paciente. "Teníamos instrumentos pero hemos querido ir más allá".

Los populares, dijo, "no queremos que esta ley genere incertidumbre en los profesionales, dado que no se permite la objeción". "Ninguna ley debe estar por encima de la ética personal", aseveró.

Asimismo, opinó que "no hay presupuesto para garantizar la aplicación" de esta ley y preguntó a la consejera "cuándo dispondremos de habitaciones individuales en todos los hospitales", un porcentaje que "hoy es sólo del 15%", puntualizó.

También Corredera dejó claro que esta ley no incluye la regulación de prácticas eutanásicas, ya que, subrayó, "nunca van a a encontar ahí al PP".

La diputada socialista en la Cámara andaluza Rosa Isabel Ríos, explicó que con esta normativa el paciente tiene derecho "a que no se prolongue su vida innecesariamente, al auxilio espiritual, a la protección de datos, a estar acompañado de sus seres queridos, a recibir cuidados paliativos o a disponer de una habitación individual" y dejó claro que la ley no regula sobre el suicidio asistito, tipificado por el Código Penal.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Sobre la objeción de conciencia, que no se regula en la ley andaluza, la diputada consideró que este aspecto debe ser de regulación estatal.

Además, calificó la ley de "vanguardista, valiente y sensible", a la par que necesaria dado que "el marco jurídico no estaba garantizado" y puso de ejemplo el caso Leganés.

Sobre los recursos, destacó el plan andaluz de cuidados paliativos, "pionero en España", que cuenta, aseguró, "con una asignación de recursos muy importantes", y afirmó que el 75% de las habitaciones de cuidados paliativos son individuales en la comunidad.

Por su parte, el portavoz de IU en el Parlamento regional, Mariscal Cifuentes, subrayó que se trata de un "momento histórico en cuanto a la capacidad legislativa de las comunidades" y "un avance en el reconocimiento de la autonomía personal de los ciudadanos".

Cifuentes hizo, durante su intervención, un llamamiento al Estado "para que sea valiente y legisle respecto a la eutanasia y el suicido asistido", ya que, "más de un 70% de la ciudadanía es partidaria de esta regulación", mientras, dijo, "a Zapatero le siguen temblando las piernas".

Según explicó, la ley reconoce el derecho al testamento vital, a los cuidados paliativos, o a la sedación paliativa en pacientes terminales, entre otras cosas, y "ahora, la obligación del Gobierno es garantizar que esos derechos se puedan cumplir".

(Foto web: Imagen cedida por el Parlamento andaluz)