“Sólo se podrá articular una solución adecuada a este problema, agravado durante años por la desidia de las autoridades, si éstas ejecutan de forma correcta el fallo judicial y activan sin dilación un proceso de reconversión que proteja todos los puestos de empleo afectados”, afirman.

Así lo transmitieron las ONG a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en una reciente reunión celebrada en Madrid, en la que reclamaron medidas que permitan a las comunidades autónomas aplicar la sentencia asegurando la plena protección del empleo.

Las organizaciones ambientales recordaron en un comunicado que desde hace décadas existen evidencias científicas que alertan sobre los efectos perniciosos de las especies invasoras para la biodiversidad, que son “el principal problema en términos de conservación en los medios insulares y el segundo, después de la destrucción de hábitats, en medios terrestres”.

Indicaron que a estas consecuencias ambientales se añaden “serios problemas sociales y económicos” derivados de la presencia de las especies invasoras, puesto que se calcula que en la UE generan unos costes en torno a los 12.000 millones de euros anuales.

Las ONG señalaron que tanto el Gobierno español como los autonómivcos son conscientes de estos problemas, pero “poco o nada han hecho para abordarlos”, lo que ha supuesto “importantes pérdidas de biodiversidad y también el desamparo de diversos colectivos cuyo medio de vida dependía de alguna manera de las especies perjudicadas”.

Con su sentencia, el Alto Tribunal, que apoya su decisión en informes de entidades científicas como el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), pone fin al largo proceso iniciado cuando el Ejecutivo central modificó el real decreto de 2011 sobre especies exóticas. Para las ONG, “la sentencia avala sin lugar a dudas el carácter invasor de todas las especies catalogadas y deja claro que el remiendo de leyes no ha aportado una resolución adecuada ni lo hará en el futuro”.

Recalcaron que las administraciones han tenido estos años la oportunidad de poner en marcha medidas para “afrontar los efectos perniciosos de la presencia y expansión de especies invasoras conciliando la necesaria protección de los puestos de trabajo”, pero las autoridades han optado por “dar la espalda” a ambos problemas, de manera que “su inacción y pasividad, en muchos casos, ha propiciado e incluso fomentado la introducción, la explotación y la creación de negocios y entramados económicos alrededor de estas especies”.

“No se puede perder ni un minuto más: las administraciones públicas deben asumir su responsabilidad y cumplir con su deber de velar por el cumplimiento estricto de la ley y atender los derechos constitucionales a vivir en un medio saludable y a un empleo de calidad. El problema de las especies invasoras demuestra, una vez más, que el desarrollo económico sostenible sólo es posible si se compatibiliza con la conservación de la biodiversidad”, concluyeron.