Las asociaciones que firman el escrito son, además de Apdhe y AI, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), Irídia-Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, Rights International Spain (RIS), Behatokia, Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED) y Fair Trials.

En el comunicado indican que el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno justificó la aplicación de prisión provisional por la supuesta comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo y un delito de incitación al odio y que una vez en prisión, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias aplicó a los dos detenidos el régimen de Ficheros de Internos de Especial Seguimiento (FIES).

Sin embargo, argumentan que "la aplicación de la prisión provisional fue injusta y arbitraria, ya que las organizaciones consideran que no se puede acordar una medida tan excepcional, sin previamente comprobar la veracidad de los hechos denunciados, el contexto real en el que se desarrolló la obra ni la realidad de los riesgos que se pretenden evitar con la prisión".

Para las organizaciones, el riesgo de fuga y de reiteración delictiva con el que el juez justificó el ingreso en prisión no es suficiente ni tiene validez sin tener en cuenta las circunstancias personales de los detenidos, tales como su situación familiar y laboral y añaden que tampoco se valoró la imposición de medidas alternativas menos gravosas que la prisión provisional.

Las organizaciones piden a Naciones Unidas que investigue lo sucedido en este caso, ya que las autoridades españolas habrían incumplido la jurisprudencia constitucional y el derecho internacional, que establecen que la prisión provisional es excepcional y proporcionada según el fin que persigue.

"Además, la legislación nacional e internacional establece que se debe motivar toda resolución judicial que acuerde medidas restrictivas de derechos fundamentales, como el derecho a la libertad", añaden.