Así lo manifestó el consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, que se refirió a la “sintonía” del Gobierno extremeño con otras autonomías para “recuperar los derechos” que en su opinión se han perdido con el gobierno de Mariano Rajoy.

“Revindicamos 3.500 millones recortados en dependencia y servicios sociales en toda la legislatura”, dijo antes de participar en el consejo convocado este miércoles en la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid.

Vergeles tachó de “absolutamente decepcionante para las comunidades autónomas” la reunión, pues desde su perspectiva “no recupera nada de los recortes que se han hecho en el ámbito de la dependencia” y los servicios sociales, que según él ascienden al 68% en todo el país.

Además, en la cita “no se propone ninguna medida para rescatar la Ley de la Dependencia y lo que se traen son puramente asuntos de trámite”.

El consejero también pidió al Gobierno en funciones que dé a las comunidades autónomas el dinero de las convocatorias para “formación y acreditación” de personas que quieran trabajar en el ámbito de la dependencia y que se derogue el decreto que impide a los inmigrantes irregulares ser atendidos en el sistema sanitario “por criterios humanitarios” y “razones de salud pública para el resto de la población”.

SOLUCIÓN PRESUPUESTARIA

María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, apoyó la tesis de Vergeles y pidió buscar una “solución presupuestaria” a los recortes a los que se refirió el consejero extremeño, de los que 600 millones fueron de Andalucía. Pidió asimismo volver a “la financiación 50/50” entre las autonomías y el Gobierno central.

La consejera andaluza también exigió hacer “un gran pacto” sobre dependencia para llevar la ley al Parlamento y “recuperar la prestación económica que se ha perdido” y la afiliación a la Seguridad Social de las mujeres cuidadoras en el ámbito familiar, “que fueron solamente en Andalucía 50.000 las que la perdieron de un día para otro”.

“Hay que poner solución en el menor plazo posible”, insistió, pidiendo a Gobierno y partidos políticos que “se posicionen” y “que exijan que un derecho subjetivo como es la Ley de Dependencia, que se aprobó en 2006, se cumpla antes de una confrontación electoral”.