Estas organizaciones ecologistas exigieron la publicación y aplicación inmediata del fallo judicial y que se atienda “los problemas sociales asociados a la presencia de especies exóticas y que son fruto de años de desidia por parte de las administraciones”.

El Tribunal Supremo aceptó parcialmente el pasado mes de marzo un recurso de Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y AEMS-Ríos con Vida contra el real decreto que regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, aprobado en 2011, al incluir en él la carpa común, la trucha arco iris o el arruí, así como prohibir la comercialización del cangrejo rojo y la explotación del visón americano.

Las ONG mostraron su “sorpresa e indignación” ante la reacción del PP y el PSOE de llegar incluso a reclamar el incumplimiento de la sentencia y a proponer una modificación legal para permitir la introducción y la comercialización de especies invasoras.

Por ejemplo, ambas formaciones políticas apoyaron una manifestación contra la sentencia celebrada el pasado 23 de abril en Mérida (Badajoz) y aprobaron una moción en la Asamblea de Extremadura en este sentido.

Asimismo, el PSOE ha llevado el asunto al Congreso de los Diputados, donde ha registrado dos proposiciones no de ley en las que insta al Gobierno a aplazar la ejecución de la sentencia “por razones de índole económica y alarma social”, y que se modifique la normativa para que se pueda pescar carpas y otras especies de peces exóticos invasores, así como comercializar el cangrejo americano.

“Parece más que evidente que, en este caso, están pesando más los intereses políticos del momento, cuando llegan a atribuir a la sentencia incluso lo que no dice -por ejemplo, que prohíbe la pesca de especies invasoras-, en un claro intento de atraer el voto de algunos sectores sociales, como los pescadores deportivos”, señalaron las organizaciones.

Ante la celebración de unas nuevas elecciones generales, las organizaciones ecologistas pidieron a todos los partidos políticos que actúen “con responsabilidad” sobre las especies invasoras, la segunda causa de pérdida de biodiversidad según la ONU y que cuestan al menos 12.000 millones de euros al año a la UE.