El pasado mes de marzo, la Agencia de protección de datos francesa, CNIL, ordenó que su interpretación de la ley francesa en materia de protección del derecho al olvido debía aplicarse “no solo en Francia, sino en todos los países del mundo”, denuncia el gigante estadounidense en un comunicado.

Google asegura que ya cumple la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014 que permite a los europeos eliminar algunos de los enlaces que ofrecen los motores de búsqueda al realizar una búsqueda por el nombre de una persona, incluso cuando dichos enlaces hacen referencia a información veraz y legítima, como pueden ser artículos de periódico o páginas web gubernamentales oficiales.

A día de hoy, Google ha revisado cerca de un millón y medio de páginas web en Europa y eliminado alrededor de un 40% de los resultados obtenidos. Tan solo en Francia, ha revisado unas 300.000 páginas web y eliminado casi un 50%.

Recientemente, tras las sugerencias de las entidades reguladoras europeas, Google ha dado un paso más, restringiendo el acceso a los enlaces eliminados en todos los servicios de Google Search visibles desde el país de la persona que realiza la búsqueda.

“La última orden de la CNIL, no obstante, nos exige que vayamos un paso más allá y que apliquemos su interpretación de la ley francesa en todas las versiones de Google Search a nivel mundial. Esto significaría que tendríamos que eliminar enlaces a contenido ?que puede ser perfectamente legal en algunos países? en dominios de un gran número de países: desde Australia hasta Zambia e incluso de incluso de google.com”.

Google dice que no está de acuerdo con esa petición. “Cumplimos con las leyes de los países en los que operamos, pero si la ley francesa pasa a ser aplicable a nivel mundial, ¿cuánto tardarían otros países ?quizá no tan abiertos y democráticos? en empezar a exigir que sus leyes en materia de regulación de la información tengan un alcance global? Esta orden puede llevar a una carrera hacia el abismo a nivel mundial, lo cual perjudicaría el acceso a una información que es perfectamente legítima en el país de cada uno”, añade el comunicado.