Así lo explicó la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que informó de los argumentos para la presentación en los próximos días del recurso ante la Audiencia Nacional y el efecto que tiene en las cuentas el recorte de una cantidad que esta presupuestada para 2010.

Castilla y León es la primera comunidad que presenta un recurso en contra de esa medida ministerial, aunque otros gobiernos autonómicos, como Galicia, van a seguir el mismo camino, señaló Del Olmo, para quien la decisión adoptada por el ministerio que dirige Elena Salgado es “ilegal” por entender que se vulneran dos leyes, la de Financiación Autonómica y la de Presupuestos Generales del Estado.

La consejera explicó que Salgado utiliza de manera “indebida” los fondos adicionales de la financiación autonómica previstos para este ejercicio, al desviar una parte de ellos a compensar a las comunidades por la supresión del Impuesto de Patrimonio, algo que es “totalmente distinto del original”.

La Junta de Castilla y León ha presupuestado 442 millones de euros como partida adicional del modelo de financiación y otros 83 millones, en epígrafe aparte, en compensación por la eliminación del Impuesto de Patrimonio. Sin embargo, el pasado 22 de marzo el Ministerio de Economía y Hacienda dictó una orden donde anunciaba cantidades de 331 y 83 millones para ambos conceptos, detalló hoy la consejera.

Ese recorte obedece, según explicó Del Olmo, a que el Ministerio va a destinar 2.000 de los 9.750 millones que están presupuestados en los PGE como anticipo a cuenta de los recursos adicionales del sistema de financiación a compensar la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio.

La Junta sostiene que ese cambio de criterio del Gobierno ocasiona “un grave perjuicio económico a las arcas regionales” y es “ilegal” porque los recursos reservados en la Ley de Presupuestos a la mejora de la financiación autonómica no se pueden destinar a otros fines.

En la misma línea argumental, entiende que la Ley de Financiación define con claridad los componentes de los fondos adicionales y añade que, entre ellos, no figura la compensación por la desaparición del Impuesto sobre el Patrimonio.