En un comunicado, Cesida afirmó que "esto es mucho más indignante cuando, además, este mismo año el Tribunal Supremo anulaba una orden que permitía a las cárceles modificar el tratamiento para ahorrar".

A juicio de esta organización, supone "un deterioro importante para la salud de muchas personas reclusas que no podrán acceder a medicamentos que necesitan y que están financiados por el sistema nacional de salud, en una clara vulneración de sus derechos sanitarios".

Según datos de Cesida, en España, un 20% de estas personas padecen hepatitis C de las cuales un 27% está infectada por el VIH.

Para el presidente de esta organización, Juan Ramón Barrios, “hacer pagar a las personas reclusas por aquellos medicamentos que sean vetados por instituciones penitenciarias es una verdadera barbaridad, el acceso a la sanidad tiene que ser universal, para todos y todas”.

Por ello, esta coordinadora ya ha pedido al Ministerio del Interior que retire esta instrucción.