Este convenio establece la posibilidad de que las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia suscriban convenios de colaboración para cofinanciar actuaciones en el ámbito procesal de interoperabilidad y de difusión.

Asimismo, la Administración General del Estado financiará íntegramente las actuaciones derivadas de este convenio que se realicen en las Comunidades Autónomas sin competencias en Justicia.

Esta iniciativa de desarrollo tecnológico se encuentra dentro de los objetivos propuestos en el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012.