Aseguró que el Gobierno regional está “planteando reformar el decreto que regula la justicia gratuita usando como excusa que hay personas que se están aprovechando del mismo y cometiendo supuestos fraudes, cuando en realidad lo que hay detrás es un problema económico, en concreto, un problema de mala gestión económica y falta de previsión presupuestaria por parte de la Consejería de Justicia”.

Afirmó que “esta mala gestión no puede solucionarse recortando un derecho y poniendo en riesgo la calidad del mismo” y recordó que IU presentó en el pleno parlamentario de ayer una moción en la que se reclamaba, entre otras cuestiones, la paralización de la reforma del decreto 86/2003; sobre todo en lo que afecta a las condiciones para acreditar la insuficiencia de medios económicos, con especial atención a los casos de extranjeros irregulares que no pueden justificar su ingresos; la creación de una Comisión preparatoria de Análisis y Estudio de dicha modificación y la mejora de las condiciones de los profesionales de este campo.

En concreto, añadió, la moción demandaba que hubiera una partida presupuestaria extraordinaria para cancelar las deudas del Ejecutivo regional con el colectivo de los abogados de oficio y que se llevara a cabo una previsión presupuestaria seria y rigurosa en función de indicadores fiables.

Indicó que esta moción fue rechazada por los votos del PP, lo que evidencia, a juicio de Sabanés, que “se va a intentar solucionar un problema ocasionado por una mala gestión económica y política recortando derechos que debería de ser para todos irrenunciables”.