En un comunicado, la organización pidió además paralizar el cobro de las facturaciones sobre las que haya desacuerdo hasta que se resuelvan las quejas y establecer compensaciones económicas cuando se sufran irregularidades en la facturación.

Facua denunció que los “graves abusos” que se dan en numerosos sectores empresariales hacen necesaria una “ley que establezca parámetros de calidad en sus servicios de atención al cliente y la obligación de abonar compensaciones económicas a los usuarios que no reciban respuestas a sus reclamaciones en determinados plazos”.

Además, la asociación pidió que la solución a los abusos no se limite a devolver las cantidades cobradas indebidamente o el cumplimiento de las ofertas comerciales y los contratos, sino que impliquen el pago de indemnizaciones a los consumidores “para que se vean realmente resarcidos por los perjuicios causados”.

Así, la asociación instó a las fuerzas políticas con representación parlamentaria a que impulsen la aprobación de una ley de servicios de atención al cliente y que su contenido recoja las reivindicaciones de las organizaciones de consumidores.

En este sentido, Facua advirtió de que la legislación establece que las llamadas a números 902 “no pueden suponer un coste superior al de la tarifa básica, pero las autoridades de consumo y telecomunicaciones no han intervenido para interpretar qué significa eso”.

Por último, otro de los problemas que sufren los usuarios, según Facua, es que los servicios telefónicos de atención al cliente e información comercial “no les envían por escrito confirmación de la apertura de sus reclamaciones con un resumen de las mismas, lo que provoca que muchas quedan sin respuesta”.