La propuesta, que salió adelante con 19 votos a favor, uno en contra y 18 abstenciones, se votará en pleno la semana que viene. El texto que sale finalmente de la Comisión incorpora nueve enmiendas transaccionales del PSOE a enmiendas de CiU y una más a sendas enmiendas de CiU y el PP. Fueron rechazadas el resto de enmiendas presentadas por los distintos grupos.

Respecto al cumplimiento efectivo de las penas, el dictamen establece que los condenados a más de cinco años por delitos contra la libertad e indemnidad sexual

de menores de 13 años no podrán acceder al tercer grado antes de cumplir la mitad de la condena, ni siquiera con pronóstico positivo de reinserción. Se equiparan así a los terroristas y miembros de organizaciones criminales.

Por su parte, la libertad vigilada, que pasará a englobar previsiones ya en uso como la prohibición de resdencia, las órdenes de alojamiento o la obligación de someterse a algún tratamiento médico, se aplicará a delincuentes potencialmente reincidentes por patología psíquica, por personalidad o por la naturaleza del hecho cometido. Durará hasta cinco años, diez para delitos terroristas o sexuales, y podrá modificarse en cualquier momento si así lo decide el juez según evolucione el reo.

El internamiento durante un fin de semana en el centro penitenciario más cercano al domicilio del delincuente reiterado de hurtos se introdujo en el proyecto de ley aprobado por el Gobierno en noviembre pasado gracias a una de las diez enmiendas transaccionales pactadas por el PSOE y CiU, tras negarse los socialistas a aplicar una pena de varios meses de prisión. Los condenados se ubicarían en las celdas de los presos que pasen los fines de semana en su domicilio.

En otro orden de cosas, se regulan los delitos cometidos por personas jurídicas, como corrupción en el sector privado, en las transacciones comerciales

internacionales, pornografía y prostitución infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal o ataques a sistemas informáticos. En ningún caso se aplicarán a las Administraciones Públicas, los organismos reguladores, las agencias y entidades públicas, los partidos ni los sindicatos.

Además, se ilegalizan las "organizaciones criminales", entendidas como aquéllas que persiguen medios o utilizan medios tipificados como delitos, distinguiéndolas expresamente de las meras asociaciones ilícitas y sustituyendo a las antiguas "bandas armadas", que desaparecen del Código Penal.

Otros delitos que se introducen son el de corrupción privada, acoso laboral, acoso inmobiliario, estafa de inversores, tráfico de órganos y el de captación de menores para espectáculos sexuales o a través de internet, esto último tras enmienda del PP. Igualmente, se separan los de inmigración clandestina y trata de seres humanos, que hasta ahora se identificaban como uno solo, y se rebaja la pena de los vendedores a pequeña escala de copias pirata de obras amparadas por derechos de autor, los conocidos "manteros".

A estos se les impondrán multas o trabajos comunitarios. Por último, se elevará el plazo mínimo de prescripción de los delitos a cinco años, que hasta ahora era de tres para los castigados con una pena de esta última duración.

DEBATE EN COMISIÓN

En el debate en comisión, que se prolongó durante cinco horas bajo la coordinación del presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Cuesta, los portavoces de los diferentes grupos defendieron sus enmiendas y explicaron el espíritu que había dado cuerpo a las mismas y las razones por las que se sumaban o no a las presentadas por otros grupos.

Por parte del PSOE, Julio Villarrubia puso énfasis en que el nuevo Código Penal no iba a ser el del PSOE pero tampoco el del PP, cuyas enmiendas dijo no poder apoyar por ser "opuestas a la filosofía del PSOE", y agradeció en particular las aportaciones de IU-ERC. Luego, Manuel de la Rocha reprochó al PP que sea "tan duro" con los robos menores y tan blando con los grandes corruptos, y a Rosa Díez su insinuación de que los socialistas son cómplices de la corrupción por no apoyar sus enmiendas. "Aquí nadie es Agustina de Aragón", le espetó.

Desde el PP, Federico Trillo tachó la enmienda transaccionada por PSOE y CIU de "decepcionante e incompleta" y dijo que incita a cometer hurtos todos los días menos el fin de semana. También reprochó el rechazo de su propuesta de prisión perpetua revisable, pero agradeció que se incluyan la de prohibir que los asesinos se lucren con exclusivas y la de agravar el empleo de menores para robos de bandas. A su vez, Cayetana Álvarez de Toledo habló de "parches" y "palabrería" y citó el atentado de Irene Villa para reprochar que no se haya aceptado la imprescriptibilidad de los delitos terroristas.

El portavoz de CiU, Jordi Jané, reconoció que el arresto de fin de semana para los carteristas reincidentes no será "una varita mágica", pero mostró su convicción de que, con él, los jueces y fiscales tienen "un instrumento más" para luchar contra la reiteración de delitos. Según dijo, la sensación de impunidad "no era aceptable" para su grupo, el cual no habría apoyado la reforma del Código Penasl si no se le hubiera incluido esta enmienda finalmente transaccionada con el PSOE.

Menos satisfechos con esta novedad se mostraron Emilio Olabarría (PNV) y Joan Ridao (ERC), quienes coincidieron en recordar que este tipo de arresto se conoció popularmente en su día como "cama caliente". Además, el primero dijo que "mecánicamente es imposible y jurídicamente es una aberración". Calificativos igual de duros empleó contra el principio de la imprescriptibilidad de delitos y contra el hecho de que un juez, en la propia sentencia, pueda dictar libertad vigilada dando por sentada la imposibilidad de reinserción.

Por su parte, Ridao criticó las transacciones "a espaldas de la ponencia" y que se cambie el Código Penal según la alarma social, planteándose "salidas fáciles de populismo punitivo"y conculcando los derechos humanos y el principio de reinserción. En esta línea, advirtió de que "no hay soluciones mágicas ni taumáturgicas y con penas más duras no se va a proteger mejor a las víctimas ni evitar los delitos". Como propuestas singulares, defendió despenalizar la eutanasia y encausar a los médicos que se nieguen a practicar un aborto, que provocó la réplica de Dolors Montserrat (PP): "¿Desde cuándo es delito la objeción de conciencia?".

Finalmente, Rosa Díez defendió una enmienda para acabar con la "asimetría penal" entre hombre y mujer para los mismos delitos de violencia doméstica y para que haya que probar el agravante de machismo igual que se ha de hacer para aplicar el de racismo. Además, se sumó a la propuesta de prisión perpetua revisable presentada por el PP y sugirió inhabilitar a los cargos municipales que pongan el nombre de un terrorista a una calle.