Con esta norma, el Ejecutivo incorpora la directiva comunitaria de 2006 en el que se recogen las disposiciones mínimas sobre la protección en esta materia.

El Real Decreto recoge la protección contra los efectos en los ojos y en la piel de la exposición a radiaciones ópticas artificiales.

Así, regula las disposiciones encaminadas a evitar o a reducir la exposición, además de obligar al empresario a elaborar y aplicar un plan de acción con este objetivo.

También especifica los valores límite de exposición y exige al empresario que efectúe una evaluación de los niveles de radiación a la que se enfrentan los trabajadores.