Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo subrayó que el proyecto de ley, en los términos en los que ha sido aprobado por las autoridades israelíes, “no sólo es radicalmente contrario al derecho internacional, sino incompatible con los baremos mínimos de respeto a los principios de derecho y de justicia que pueden esperarse de la legislación de un Estado de derecho”.

El Gobierno afirmó que el proyecto de ley, de ser aprobado, supondría un “nuevo y especialmente grave obstáculo a la viabilidad de la solución de dos estados y agravaría la tensión entre las comunidades haciendo aún más difícil la reanudación de las negociaciones para la paz”.

Por todo ello, el Ejecutivo instó al Gobierno de Israel a retirar este proyecto de ley y al Parlamento israelí a rechazarlo.