Asimismo, insta a la Administración a que fomente la tolerancia y la no violencia mediante programas en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, y reclama "la educación para la tolerancia como un imperativo urgente, fomentando métodos racionales de enseñanza de la tolerancia que aborden los motivos culturales, sociales, económicos, políticos y religiosos de la intolerancia, es decir, las raíces principales de la violencia y la exclusión".

En su opinión, "las políticas y los programas educativos deben contribuir al entendimiento, la solidaridad, la tolerancia y al desarrollo de la capacidad de juicio independiente, pensamiento crítico y razonamiento ético".

Anima a la sociedad a "ejercer la denuncia en el Estado de Derecho y combatir cualquier forma de delito de odio, acto de intolerancia y discriminación, así como de cualquier discurso de odio, entendido como toda forma de expresión que propague, incite, promueva o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo, la homofobia u otras las formas de odio basadas en la intolerancia, en el marco del respeto a una libertad de expresión no atentatoria con los derechos humanos, en especial en el ámbito de los medios de comunicación, Internet y las redes sociales".