En una nota de prensa, la CNMC explica que se trata de una actividad que deben realizar empresas de seguridad privada autorizadas. Las conductas sancionadas se llevaron a cabo al menos durante siete años, desde 2008 hasta, al menos, 2015.

El inicio de la investigación se produjo a partir de una denuncia anónima que ponía en conocimiento de la CNMC los sucesos en dos concursos para la recogida, transporte y custodia de fondos, efectos de franqueo y filatélicos del Grupo Correos en noviembre de 2014.

Con posterioridad, inspectores de la comisión realizaron inspecciones en las sedes de Prosegur y Loomis con el objeto de verificar los hechos investigados. Tras la instrucción del expediente, la CNMC considera acreditado que estas empresas llevaron a cabo acuerdos y prácticas concertadas para el reparto del mercado de servicios de transporte y manipulación de fondos en España.

La existencia de las prácticas anticompetitivas se ha acreditado, entre otras vías, a través de las manifestaciones de los propios empleados contenidas en los correos electrónicos y, además, en la actitud adoptada por Loomis y Prosegur en el mercado, que denota la existencia de un acuerdo previo, o cuanto menos de una concertación de actuaciones de cara a respetar la posición del rival en el mercado.

Para Prosegur Compañía de Seguridad y su filial Prosegur Servicios de Efectivo España la sanción es de 39,4 millones de euros. Por su parte, Loomis Spain ha recibido una sanción de 7 millones de euros.

Además, a título personal, Competencia ha multado a José Luis Illana García, de Prosegur, con 36.000 euros, y a Juan Miguel Mata Montejo, de Loomis, con 16.600 euros.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.