En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, González Pons citó las críticas del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, al Tribunal Supremo por causar "alarma social" con su procedimiento abierto contra Garzón. En base a ellas, acusó al Gobierno de "ocultar la crisis con declaraciones altisonantes, acusaciones al Tribunal Supremo y polémicas que no tienen nada que ver con los problemas de los ciudadanos que no llegan a fin de mes".

Además, advirtió de que no hay que "politizar" ni "atacar" a las instituciones neutrales que permiten la alternancia en el Gobierno, porque al hacerlo "se causa un daño a la democracia de los que le cuesta años reponerse". En esa línea, pidió al Gobierno que "deje de dividir a los españoles", porque el actual "no es un momento de separatistas ni tampoco de separadores", y se necesita un Ejecutivo "que sume, no que reste, que una y no divida".

Preguntado por los periodistas, González Pons dijo que la convocada en defensa de Garzón "fue una manifestación radical, de moderada no tuvo nada". Dijo que desde la Transición "se ha intentado preservar al poder judicial" de los ataques del Gobierno, para mantener el sistema de contrapesos y la credibilidad de las instituciones neutrales que hacen posible la democracia".

Además, denegó que la posición que está adoptando el PP entre en contradicción con otras veces en las que se ha manifestado del lado de las víctimas del terrorismo contra decisiones de los tribunales. "Estamos con las víctimas siempre, que son las que nos legitiman", afirmó, y en ese sentido defendió el derecho de los descendientes de las víctimas "de ambos bandos" de la Guerra Civil a recuperar los restos de sus familiares.

Pero "eso, que es una verdad, no tiene nada que ver con que se utilice para crear una polémica inexistente en la sociedad", precisó, advirtiendo que en los hogares españoles "la Guerra Civil está más olvidada de lo que algunos medios de comunicación creen".

Y tampoco con "coaccionar a los tribunales", como a su juicio hizo una concentración cuya radicalidad reafirmó apuntando a sus reivindicaciones repubicanas, que obligarían a cambiar la Constitución y el modelo de Estado.

Finalmente, preguntado si él es partidario de ilegalizar a Falange Española, González Pons se remitió a los tribunales. "Si los tribunales lo declaran, deberían ser ilegales. Yo no soy quién para tachar de legal o ilegal una corriente de pensamiento. A mí no me gusta que haya partidos fascisas, pero en mi condición de demócrata está el de tolerar desde la extrema derecha a la extrema izquierda", proclamó.