Acnur subrayó que estas violencias incluyen prácticas como la “mutilación genital femenina”, que afecta a más de 230 millones de mujeres y niñas en el mundo, “violencia sexual”, “matrimonio forzado”, “trata de seres humanos”, persecución basada en “roles de género” y un “crecimiento de las agresiones en entornos digitales”. Todas ellas tienen en común su “impacto desproporcionado” sobre mujeres y niñas y la “falta de protección efectiva” en sus países de origen.

En los primeros diez meses del año, España registró 50.334 solicitudes de asilo de mujeres y niñas, el 41% del total. Una tendencia que Acnur considera “sostenida”: entre 2021 y 2024, estas solicitudes se triplicaron, pasando de unas 23.500 a más de 70.700. “El asilo se ha convertido en España en una herramienta fundamental de protección para mujeres que llegan huyendo de violencia, guerra y persecución”, señaló la organización.

Acnur advirtió además del “aumento de mujeres y niñas que llegan a las Islas Canarias y Baleares”, incluidas solicitantes procedentes de países que antes eran menos frecuentes, como Somalia.

Para responder a esta realidad, la Agencia trabaja en España con autoridades, servicios públicos, ONG de asilo y organizaciones de mujeres refugiadas para “reforzar la identificación temprana” de víctimas, “garantizar la formación de profesionales” y asegurar un “procedimiento de asilo sensible al género”. En este marco, Acnur y el Ministerio de Inclusión, junto con entidades especializadas, desarrollaron el ‘Proyecto Semilla’ contra las violencias hacia mujeres y niñas en los sistemas de acogida, con protocolos y herramientas orientados a “mejorar la prevención y la respuesta”.

“Las mujeres y niñas que llegan huyendo de violencia extrema necesitan protección y oportunidades para reconstruir sus vidas”, afirmó el representante de Acnur en España, Grainne O’Hara, quien reconoció los avances del país en mecanismos de detección y coordinación entre servicios públicos y organizaciones de apoyo.

La Agencia instó a “mantener y ampliar” estos esfuerzos para “reducir riesgos” como la trata de seres humanos y favorecer la autonomía y el bienestar de las mujeres refugiadas, mediante apoyo psicosocial, aprendizaje del idioma y acceso a empleo digno.