En el borrador la prueba de Bachillerato queda sin efectos académicos, por lo que no será necesaria para obtener el título, hasta que se firme un pacto nacional por la educación, y los alumnos solo se examinarán de seis asignaturas (cuatro troncales y dos de opción) del segundo curso de Bachillerato, y no de los dos años del ciclo.

El texto recibió el apoyo de las comunidades gobernadas por el PP y por el PSOE y, aunque con matices, también de País Vasco y Navarra. De este modo, Cataluña es la única región que se manifestó abiertamente en contra y anuncio que mantendrá la Selectividad.

La consejera catalana, Meritxell Ruiz, reclamó también la derogación, o al menos la suspensión, de la disposición 38 de la Lomce relativa a la impartición del castellano en Cataluña, que obliga a la Generalitat a garantizar la enseñanza en este idioma astellano como lengua vehicular en la red pública o concertada para aquellas familias que lo soliciten o, de lo contrario, financiar la matrícula en un centro privado con 6.000 euros. “Atenta contra el modelo lingüístico y contra el sistema educativo catalán, que cuenta con un amplio consenso social en Cataluña”, dijo.

Por último, pidió que las evaluaciones de ESO y Primaria se regulen por normativas autónomicas, como de hecho ya sucede en Cataluña.

El ministro Íñigo Méndez de Vigo, dijo confiar en que la Generalitat implantará finalmente la reválida y se mostró dispuesto a analizar la disposición 38 en la Subcomisión sobre el pacto educativo que se creará esta semana en el Congreso.