Para defender esta moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para combatir y erradicar la delincuencia en los menores, intervino el diputado del PP Vicente Ferrer, quien lo primero que hizo fue saludar a los padres de las niñas asesinadas Sandra Palo, Cristina Martín y Marta del Castillo, presentes en el hemiciclo.

Durante el debate parlamentario Ferrer criticó al Gobierno por su “gusto por la ociosidad” a la hora de reaccionar ante determinados crímenes, como el ocurrido en Seseña, sin afrontar una reforma de la Ley del Menor.

A su juicio, la realidad sobre delitos cometidos por menores es “alarmante” y preguntó al PSOE y al Gobierno, que alega que no se puede legislar en caliente, “cuánto tiempo tiene que transcurrir para que la temperatura sea la adecuada” para comenzar la reforma que demanda el PP.

"¿Les parecería bien seis meses? Es el tiempo que transcurrió entre la muerte de Marta del Castillo y las violaciones colectivas de Baena”, espetó Ferrer.

NI BLANDENGUE NI INEFICAZ

Por su parte, Álvaro Cuesta (PSOE) se mostró en contra de la moción porque no cree en su “sinceridad” y porque la delincuencia juvenil requiere que todos los grupos y la sociedad trabajen juntos.

Rechazó que sea cierto que la delincuencia juvenil haya aumentado y que la Ley del Menor sea “blandengue o ineficaz”. Calificó de “innecesaria” la moción del PP “porque los poderes públicos garantizan la evaluación de la aplicación de nuestro ordenamiento jurídico”.

Cuesta dijo que el PSOE se solidariza con las familias de las víctimas, que “su dolor es patrimonio de todos” pero que el Grupo Socialista no planteará “nunca populismo punitivo”.

Por su parte, Jordi Jané (CiU) recordó que en cada una de las legislaturas previas se ha reformado la Ley del Menor y que su grupo siempre las ha apoyado, salvo en esta ocasión. El Grupo Catalán se abstuvo.

“Mal vamos si en cada legislatura reformamos la ley del menor sin consenso”, dijo durante el debate parlamentario. Jané abogó por llegar a un gran acuerdo parlamentario para esta empresa y defendió que lo que hay que hacer es, fundamentalmente, destinar medios económicos para desarrollar “verdaderas políticas de resocialización” de los menores, porque, cuando se trata de éstos, “nunca hay que dar un caso por perdido”.

Este diputado de CiU añadió que “la reeducación es un imperativo constitucional”, máxime cuando se trata de menores.

Por su parte, Emilio Olabarría, del PNV, manifestó que la “patrimonialización del dolor” y la “legislación en caliente” no son aconsejables a la hora de emprender una reforma legislativa.

A su juicio, una “Ley del Menor más dura no hubiese evitado” crímenes como el de Sandra Palo, Marta del Castillo o Cristina Martín, ni tampoco el Código Penal y recordó que no todos los menores delincuentes cometen delitos de gravedad, si bien es cierto que éstos tienen un fuerte impacto en la sociedad.

APLICAR LA LEY

Tras reprochar al PP por presentar este tipo de iniciativas “en caliente”, Olabarría añadió que “sólo hace falta aplicar la Ley del Menor”, no reformarla.

Joan Ridao, en nombre de ERC-IU-ICV, señaló que de los 36.000 casos de menores delincuentes que entraron en los juzgados en 2008, sólo el 5% se referían a casos graves (asesinatos, violaciones y lesiones).

Para Ridao, algunas fuerzas políticas son “incapaces” de plantear este debate de manera serena y no dudan en utilizarlo “en términos electorales. Dicho esto, afirmó que la Ley del Menor “funciona razonablemente bien”, es “adecuada” y está en línea con lo establecido por el Consejo de Europa y diversas convenciones internacionales.

Por parte del Grupo Mixto habló Rosa Díez, de UPyD, quien señaló que “las constantes reformas legales de esta normativa no están dando los resultados esperados”.

Tras preguntarse qué es lo que falla, si la normativa o la falta de medios para la reeducación de los menores, Díez dijo que estos debates hay que plantearlos con “prudencia, rigor y serenidad” y propuso una enmienda para la evaluación de la aplicación de la ley como herramienta de prevención y reeducación pero que fue rechazada por el PP.