Aseguró que este servicio ha sido gestionado hasta ahora por la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos y permite la acogida de mujeres reclusas y exreclusas, en distintas situaciones penitenciarias.

Garrido afirmó que algunas de estas mujeres, con o sin hijos a cargo, están cumpliendo tercer grado penitenciario y necesitan ser acogidas para seguir cumpliendo la condena impuesta hasta que obtengan la libertad provisional.

Asimismo, añadió, hay otras mujeres con hijos menores a cargo, que se encuentran en situación de libertad condicional o definitiva y que, al finalizar su estancia en el centro penitenciario, no tienen el apoyo de recursos económicos, familiares o institucionales para su reinserción social.

Informó de que durante el presente año han sido atendidas 14 mujeres y otros tantos menores; del total de mujeres, la mayoría eran españolas, seguidas de dominicanas, colombianas y marroquíes.

Aproximadamente el 90% de las mujeres exreclusas que pasan por este recurso consigue un puesto de trabajo estable.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó también la celebración de un contrato de servicios dirigido a promover la participación social y laboral de la mujer en el ámbito rural (Programa GEA Madrid).

Este contrato, con un importe de 446.334 euros y un plazo de ejecución de dos años, también se tramitará por procedimiento abierto con pluralidad de criterios.

Para ello, se llevan a cabo acciones enfocadas hacia la formación, el empleo, el autoempleo y el asesoramiento para la creación de empresas por mujeres del ámbito rural, con el fin de poder facilitar su acceso al mercado laboral y promocionar su talento y liderazgo.

Las actuaciones consisten en la realización de diagnósticos del sistema productivo de la zona, apoyo a los procesos de formación e inserción al mercado de trabajo de las mujeres que desean tener una actividad laboral por cuenta ajena o por cuenta propia mediante el autoempleo o la creación de empresas.