Así lo recoge el IEE en su último informe ‘Coyuntura Económica’ titulado ‘Es apremiante mantener el rigor en las políticas económicas’, en el que afirma que estas decisiones, a las que se unen los cambios en las bases de cotización, “afectarán negativamente a la inversión empresarial, la creación de empleo y aumentarán el paro estructural, “incidiendo, especialmente, en los parados de larga duración y con un menor nivel de cualificación”.

Según el Instituto, es “imprescindible” continuar con el proceso de consolidación presupuestaria, pero “tratar de lograrlo sólo por el lado de los ingresos, y afectando a los costes laborales de las empresas, impactará negativamente sobre el crecimiento económico y el empleo”.

La institución alerta de que la puesta en práctica de políticas que puedan poner en duda la solvencia de la economía, o que supongan la reversión de reformas como la laboral o la de las pensiones, así como el incremento de impuestos, “ejercerían un efecto muy negativo sobre las decisiones de inversión, tanto nacional como extranjera, y una paralización de la creación de empleo”.

En este sentido, apunta que “persisten algunas dudas con respecto a la futura política económica, ya que no está claro si el Gobierno podrá aprobar un Presupuesto o si se verá obligado a retroceder en algunas de las reformas aprobadas en los últimos años, como la laboral”. A ello se unen riesgos en el ámbito internacional, sobre todo derivado de las decisiones del próximo Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

Aun suponiendo que dichos riesgos no se materializan, explica el IEE, el crecimiento en 2017 será inferior al de 2016 debido a que la demanda nacional no gozará del impulso de los factores extraordinarios que han actuado en los últimos dos años, como la bajada de impuestos.

Así, la previsión de crecimiento del PIB se sitúa en el 2,3% en 2017, “con una ralentización del consumo y de la inversión y, al mismo tiempo, un empeoramiento de la aportación del sector exterior”.