Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la adopción de este texto España ha ejercido los “buenos oficios” propios del país que ostenta la Presidencia de turno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y sobre la base de sus “irrenunciables convicciones humanitarias”.

La resolución aprobada tiene como objetivo que la evacuación de Alepo se desarrolle en condiciones de seguridad, según lo establecido en los principios del derecho internacional humanitario y bajo la supervisión “neutral y directa” de las Naciones Unidas.

También insta a todas las partes implicadas en el conflicto que faciliten la prestación de asistencia médica y humanitaria a toda la población que lo requiera y a respetar al personal sanitario y humanitario, atendiendo a lo dispuesto en la resolución 2286.

Por todo ello, el Ejecutivo mostró su satisfacción por que en esta ocasión “la urgencia de atender las graves necesidades médicas, sanitarias y alimentarias de la población civil de Alepo haya prevalecido sobre los cálculos bélicos” e hizo un llamamiento a todas las partes y hace a que la “cumplan íntegramente”.