Catalá se refirió a esta cuestión en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, donde explicó las líneas generales de su departamento para esta legislatura.

Sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que incluya encargar a los fiscales la instrucción penal, el ministro dijo que no sabe si, en el caso de que esta modificación termine aprobándose, harán falta “muchos más fiscales que los 2.400 que tenemos”.

En todo caso, Catalá dijo que en la actualidad existen en España 1.600 en juzgados de instrucción o mixtos que deberían ser reubicados en el caso de que se cambiase el modelo. Explicó que de estos jueces habría que ver cuántos se convierten en magistrados “de garantías” y si otros, “voluntariamente por supuesto”, quieren seguir instruyendo y aceptan incorporarse a la carrera fiscal mediante una “pasarela profesional” con “garantías de retorno”.

NECESIDAD DE CONSENSO

Al mismo tiempo, el ministro se refirió a que, en el caso de que los profesionales del Ministerio Público instruyesen las causas penales, debería crearse una “oficina fiscal” suficiente para atender esta nueva competencia.

Al mismo tiempo, como ya hizo en el Congreso, Catalá defendió que la actual legislatura, sin mayoría absoluta en la Cámara Baja, puede facilitar una reforma de la Justicia en la que participen las formaciones políticas y los colectivos profesionales. Añadió que así podrán abordarse cuestiones como la limitación de los aforamientos o especificar mejor las condiciones para los indultos.