Zoido se refirió a esta cuestión en su intervención inicial ante la Comisión Interior de la Cámara Baja, donde esta tarde explica las líneas generales de actuación de su ministerio en los próximos cuatro años.

El titular de Interior defendió que la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015, a la que la oposición ha venido tildando de ‘ley mordaza’, es “garantista” con los derechos de los ciudadanos y responde a una demanda de “amplios sectores de la sociedad y de las Fuerzas de Seguridad del Estado”.

No obstante, el ministro dijo que esto no supone que piense que esta ley “no se puede mejorar”, pero advirtió que una cosa es introducir “modificaciones” y “otra muy diferente su derogación”. Sostuvo que suprimir del todo la norma generaría un “vacío normativo de imprevisibles efectos”, puesto que no se recuperaría la ley anterior y se dejaría “sin cobertura legal” un buen número de actuaciones de las fuerzas policiales.

Por este motivo, ofreció a los partidos “poner rumbo al consenso” para pactar cambios en “artículos concretos” y “aspectos definidos”, de manera que deje de hablarse de “argumentarios vacíos, eslóganes y apodos”, en referencia al calificativo de ‘ley mordaza’.