Este jueves comenzó la declaración de Merino, considerado en su momento hombre de confianza de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que se enfrenta a una pena de tres años y nueve meses de prisión por los delitos de blanqueo y falsedad continuada al haber, supuestamente, amañado adjudicaciones públicas en Castilla y León para las empresas de Francisco Correa.

Según la Fiscalía, podría haber cobrado 317.810 euros de la presunta red de Correa por beneficiar a empresas como Constructora Hispánica, Teconsa y Sufi (filial de Sacyr) en la adjudicación de contratos públicos en esa comunidad autónoma.

El exdiptuado, que dejó su escaño en el momento de su imputación, negó haber recibido dinero alguno de la `trama Gürtel´ en contra de lo que dijo Correa en su declaración en este juicio el pasado mes de octubre. Entonces, el supuesto cabecilla de la red dijo que las siglas J.M., que figuraban en su contabilidad B, correspondían a Merino.

Sin embargo, indicó que nunca intercedió a favor las empresas de Correa y que en 1999, año en que abandonó la comunidad de Castilla y León, dejó de tener influencia alguna en los responsables del PP regional que para entonces habían cambiado, por lo que no conocía ya a muchos de los consejeros y directores.

El que fuera diputado, consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León y vicepresidente de la misma hasta 1999 le abrió las puertas a Correa en esa comunidad autónoma, según sostiene el ministerio público, al tiempo que buscaba un “enriquecimiento ilícito”.

Según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, Correa habría usado la influencia que tenía Jesús Merino “sobre distintos cargos públicos de la formación política (el PP) en Castilla y León para obtener adjudicaciones públicas a favor de empresas de confianza de Correa”, a cambio de comisiones que se repartían en “efectivo” o “en forma de viajes y servicios turísticos enmascarados con facturas ficticias”.

La Fiscalía sostiene que Correa, Bárcenas y Merino usaron la sociedad Spineker 2000 para facturar las mordidas de las adjudicaciones, que en el caso de Merino habrían alcanzado los 317.810 euros. Para enmascarar estos ingresos emitían “facturas falaces por servicios inexistentes cuyos importes se distribuían entre sus verdaderos beneficiarios en efectivo y de modo opaco a la Hacienda Pública”.