Catalá se refirió a esta cuestión tras reunirse este jueves en la sede de su departamento con representantes de asociaciones profesionales de mediadores y arbitraje, así como con colectivos de operadores jurídicos.

En declaraciones a los periodistas, el ministro se refirió al hecho de que este miércoles se conociese que el Tribunal Supremo ha anulado el decreto de protección medioambiental que aprobó el Gobierno de Page y que afectaba a los terrenos en los que está previsto construir el ATC de Villar de Cañas. El decreto pasaba a incluir esta superficie en un parque natural, lo que paralizaba la puesta en marcha de la instalación nuclear.

A este respecto, el ministro, que es diputado por Cuenca, se felicitó de la decisión del Supremo y dijo que, aunque es una resolución provisional y no una sentencia, sí refleja que la Junta castellano manchega “se equivocó” al plantear la cuestión medioambiental, puesto que los jueces han dicho que esto debe supeditarse al interés más general.

Aunque el titular de Justicia destacó que vecinos de Villar de Cañas le han trasladado que nunca vieron las garzas que Page dijo quería proteger con su decreto, emplazó al Gobierno de Castilla-La Mancha a negociar sobre este asunto.

“INTERÉS EXTRAORDINARIO”

En concreto, el ministro dijo que “ojalá seamos de ponernos de acuerdo” sobre esta cuestión y solucionarlo “por la vía de la negociación política”. En todo caso, señaló que espera que por este procedimiento o por el del pronunciamiento definitivo de los jueces se pueda poner en marcha el ATC.

Defendió, en este sentido, que este proyecto “es coherente con nuestra política energética, de almacenamiento de residuos en un contexto de máxima seguridad” y resaltó el hecho de que actualmente España está pagando un “alto coste” a otros países, como Francia, para acumular los residuos nucleares.

Asimismo, Catalá resaltó que las instalaciones de Villar de Cañas tienen un “interés extraordinario” para la provincia de Cuenca por lo que se refiere a la creación de empleo y de inversión. Destacó que se terminarán creando más de 400 empleos en una zona “muy necesitada de tener un proyecto industrial tan relevante como éste”.

Por este motivo, el ministro dijo que confía “en que seamos capaces de resolver este asunto, de desbloquearlo o bien políticamente” o bien por la vía judicial.