Así lo expresa ERC en una iniciativa parlamentaria registrada este martes y que había sido anunciada poco antes por el portavoz parlamentario de la formación, Joan Tardà. El objetivo, explicaba, es que la comisión que analiza las cuestiones sometidas a secreto oficial aborde las informaciones "alarmantes" publicadas por 'El Mundo' y que afectan a "altas instituciones" del Estado.

Tardà no citó al rey Juan Carlos ni a ese diario, pero se refería a la información sobre la decisión del juez instructor del 'caso Pujol' en la Audiencia Nacional de incluir en la causa notas policiales que hablan de contactos del CNI con la familia del expresidente autonómico. Estos contactos tendrían como fin que el entorno de Pujol tuviera mejor trato judicial a cambio de no hablar de la supuesta participación del rey Juan Carlos en la cuenta corriente 'Soleado', al parecer ligada a la 'trama Gürtel'.

El texto de la iniciativa sí menciona expresamente a los afectados: "Resultaría preocupante para la calidad democrática la veracidad de la información del diario El Mundo, según la cual el CNI habría intentado negociar un trato judicial favorable para la familia Pujol a cambio de no desvelar informaciones sensibles sobre el Rey Emérito, Juan Carlos de Borbón".

En su exposición de motivos, ERC menciona otras informaciones periodísticas, como las que indican que el CNI habría realizado "actuaciones económicas que se enmarcan en la posible ilegalidad, al abrir cuentas bancarias en instituciones de Luxemburgo, a partir de una sociedad off-shore constituida en un paraíso fiscal, a la cual se derivaron fondos públicos".

Esas informaciones, insiste ERC, fueron ampliadas por otras en las que se advertía del "supuesto chantaje" del recién jubilado Director Adjunto Operativo del Cuerpo Nacional de Policía al CNI y a la Casa Real, mediante el que se amenazó a ambos con publicar "supuestos pagos con fondos reservados del Estado a cambio de silencio en asuntos relacionados con la Casa Real y más concretamente con relaciones mantenidas con el entonces Rey, Juan Carlos I".

ERC recuerda que la ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a fondos reservados dice que son considerados así los que se consignen como tales en las leyes de Presupuestos del Estado y destinados a "sufragar los gastos que se estimen necesarios para la defensa y seguridad del Estado".

Resulta "evidente", concluye ERC, "que el hipotético pago con cargo a los fondos reservados del Estado a terceras personas con la finalidad de proteger la imagen u honor del entonces Rey, Juan Carlos I, supone un grave incumplimiento" de esa Ley, ya que no se trataría de un asunto relacionado con la defensa o la seguridad del Estado sino con la "compra de silencio" sobre las relaciones del monarca.

Por todo ello, ERC reclama que el Gobierno no autorice actuaciones o pagos con cargo a esos fondos realizadas con la finalidad de "cubrir la reputación de personajes públicos", y que informe anualmente a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso sobre esos gastos, así como sobre la justificación de su "especial necesidad" por razones de seguridad o defensa del Estado.