En su calidad de alcalde, Trias tenía la responsabilidad de algunas de las escuelas que albergaron las votaciones porque eran de titularidad municipal, pero no sabía nada de su organización, que corrió a cargo de voluntarios.

"Yo, como alcalde, di la directriz de ponernos a disposición de lo que fuera necesario para la consulta, pero cómo se lo montó cada uno no tengo ni la más remota idea", explicó.

Reconoció que el Ayuntamiento de Barcelona se puso “al servicio del buen funcionamiento” del proceso participativo del 9 de noviembre de 2014 y que desde esta institución se instó a los colegios a ponerse a disposición del proyecto, pero puntualizó que la decisión final de abrir las puertas o no residía en los directores de los centros.

Previamente había declarado Joan Rigol, excoordinador del Pacto por el Derecho a Decidir y expresidente del Parlament, que aseguró en todo momento que fueron los más de 40.000 voluntarios los que se encargaron de organizar la consulta y vigilar su buen desarrollo.

Por su parte, el alcalde de Premià de Mar y presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, indicó que recibió muchas demandas de ayuntamientos catalanes para usar locales de la organización que preside el día de la votación, ya que no había institutos en todas las poblaciones.

Buch aseguró que en ningún momento recibió ninguna notificación de que tenía que dejar de organizar la consulta en sus locales, después de la suspensión del Tribunal Constitucional.

Como presidente de la ACM, dijo, recibió una carta de la Delegación del Gobierno en la que tampoco había ningún requerimiento, sino que se trataba de recomendaciones en relación a la conveniencia de no ceder espacios para la consulta.