El fiscal, Daniel Campos, centró su alegato de conclusiones en refutar las supuestas torturas policiales alegadas por Portu y Sarasola al ser detenidos en enero de 2008 y en defender que, en cualquier caso, la causa se basa en hechos probados atestiguados de forma independiente a las declaración de autoinculpación de éste último, que detalló los hechos y la identidad de sus autores. El letrado de oficio que asesoró entonces a Sarasola aseguró que la declaración se había producido libremente y con totales garantías.

Además de considerar "creíble" la versión de los guardias civiles que tuvieron que derribar con su propio peso a Portu y se limitaron a agarrar y reducir a Sarasola, que explicaría la diferencia de lesiones entre uno y otro, el fiscal recordó que Sarasola fue reconocido por los médicos durante seis días consecutivos, del 6 al 11 de enero.

Por lo que respecta a las pruebas, Campos recordó el papel que se incautó a Portu y el post-it que se halló a San Sebastián con los teléfonos a los que avisar, el plano para organizar el viaje encontrado en casa de Sarasola, un manual de ETA que recomendaba denunciar torturas y fotografías que permitieron encontrar un zulo con explosivos de la banda.

Además, señaló la coincidencia de los kilómetros recorridos por el coche que utilizaron con la distancia entre Irún y la T4, y las identificaciones de Portu con la voz y el teléfono móvil de la llamada de aviso, y Sarasola grabado con muleta y gorra por las cámaras de la T4.

Por todo ello, el fiscal consideró probada la implicación de los acusados y reiteró la petición de una pena de 1.120 años para cada uno de ellos, 30 por cada asesinato consumado y 20 por los 52 en grado de tentativa que corresponden al número de heridos. Además, explicitó que, de acuerdo con el artículo 38 del Código Penal, los beneficios penitenciarios no se aplicarán en función de los 40 años de pena efectiva, sino a partir del total.

ACUSACIONES Y DEFENSA

Las ocho acusaciones particulares y la acusación popular sostenida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) suscribieron el repaso del fiscal, pidieron las respectivas indemnizaciones para sus representados (950.000 euros para los herederos de Diego Armando Estacio, y otras cantidades por incapacidad para varios policías, un trabajador de Iberia y varios usuarios del aeropuerto) y aseguraron que el silencio de los acusados durante toda la vista era un síntoma de la falsedad de sus denuncias por torturas.

La defensa de los acusados criticó por ello a las acusaciones particulares, al considerar que se arrogaban el papel de juzgar las torturas, cuando éstas ya van a ser juzgadas en un procedimiento independiente abierto en San Sebastián, que acusa a 15 guardias civiles por lesiones.

Además, señaló que Mikel San Sebastián, a quien se incautó el manual para denunciar torturas, fue arrestado en Francia y no las denunció. Por último, se preguntó por qué Sarasola iba a relatar los hechos e inculpar a sus compañeros ante el adversario.

Pese a la invitación de las acusaciones particulares de que hablaran sobre las torturas en el juicio, los tres acusados declinaron la posibilidad de hacerlo en su derecho de última palabra.