Entre las iniciativas, una proposición no de ley (PNL) para solicitar al Gobierno central la puesta en marcha inmediatamente del Sistema “Cospol Internet Material Projet” (CIRCAMP), para impedir el acceso a las páginas web que contengan pornografía infantil y proteger a los menores en la red.

Sobre este asunto, la diputada popular Cristina Cifuentes manifestó que el objetivo de esta iniciativa es “concienciar a los ciudadanos de que Internet es un lugar donde se generan riesgos para los menores, que hay que combatir”.

Además, añadió que “Internet ofrece numerosas posibilidades para el progreso de la sociedad del conocimiento y la información, pero también genera nuevos riesgos de los que la sociedad tiene que aprender a protegerse”.

A su juicio, “esta situación provoca que algunos delincuentes, como por ejemplo los pederastas, puedan actuar con cierta impunidad, provocando así un peligro para los menores de edad”.

Cifuentes recordó que en septiembre de 2007, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que pondría en marcha el CIRCAMP, creado por la policía noruega y británica, en colaboración con EUROPOL e INTERPOL, para impedir el acceso a páginas web con contenido pedófilo, cuyo objetivo es identificar, localizar, y rescatar a los menores víctimas de posibles abusos, identificando a los pedófilos o distribuidores de material pornográfico.

Manifestó que “después de dos años y medio, todavía estamos esperando a que Rubalcaba ponga en marcha este sistema que ya está siendo aplicado con éxito en once países de nuestro entorno” y denunció que “es inexplicable este retraso que está dificultando el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra la pedofilia y la pornografía infantil en la red”.

Por último, indicó que, “este es un tema grave que preocupa a toda la sociedad”, por lo que también ha solicitado la comparecencia, en la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior, del juez decano de Madrid, José Luis Armengol, de un representante de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) y de un representante de la Fiscalía de Menores, para que informen en sede parlamentaria sobre las actuaciones judiciales llevadas a cabo en Madrid relacionadas con delitos de pedofilia, pederastia o pornografía infantil en Internet.