En consecuencia, ambos quedan en libertad a la espera de sentencia firme. Blesa tiene retirado el pasaporte desde 2013 como medida cautelar en otra causa. Lo mismo le ocurre a Rato. Ninguno de los dos tendrá tampoco que presentarse periódicamente ante el juzgado. Ambos han abandonado la sede de la Audiencia entre los gritos e insultos de varios manifestantes que les esperaban a las puertas del tribunal.

El fiscal de la Audiencia Nacional Alejandro Luzón había pedido a la Sala de lo Penal prisión provisional eludible previo pago de una fianza de 100.000 euros para Blesa, mientras que para su sucesor al frente de la entidad y después de Bankia, Rodrigo Rato, no ha solicitado ninguna medida cautelar, al tener ya retirado el pasaporte en la causa que investiga su patrimonio.

En el auto relativo a Blesa, el tribunal destaca que el comportamiento del condenado ha sido "intachable" y recuerda que "en el proceso penal español el principio de presunción de inocencia se mantiene incólume hasta la firmeza del fallo condenatorio", en este caso hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo.

Entiende que no existes riesgo de fuga dado el arraigo personal y familiar de Blesa y destaca que ya no puede destruir pruebas ni reincidir en el delito. En el caso de Rato, el tribunal considera que durante la investigación y el juicio, "su comportamiento procesal ha sido absolutamente cabal". Su abogado defensor esgrimió que ya tiene retirado el pasaporte, que siempre cumplió con sus obligaciones judiciales y que siempre ha regresado a España, incluso después de visitar a sus hijos en el extranjero.

La acusación popular ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) había solicitado el ingreso inmediato en prisión de los dos condenados por la causa de las `tarjetas black´.

La pasada semana la Audiencia Nacional condenó a Rodrigo Rato a cuatro años y medio de prisión y a seis a Miguel Blesa por ser piezas clave en el esquema que estructuró la emisión y control de las 'tarjetas black’. La sentencia reclama que respondan “de forma solidaria” a las cantidades gastadas por los acusados, unos 12,5 millones de euros.