En España, hay más de 400.000 trabajadores por cuenta propia acogidos a este régimen en toda España y, según los cálculos de UPTA, el 70% de los trabajadores autónomos que se encuentran en este sistema se verán “expulsados” del mismo, generando un “fuerte impacto” económico y social.

De concretarse la salida masiva del régimen de módulos, UPTA estima que la carga fiscal para estos autónomos aumentaría de media más de 1.200 euros al año, una cifra “difícil” de asumir para aquellas actividades que ya operan con márgenes extremadamente reducidos.

A su juicio, la medida se “cebaría” con aquellos autónomos que menor capacidad económica tienen, puesto que la mayoría de ellos ingresa menos de 1.700 euros mensuales por su actividad. Los sectores más perjudicados serían precisamente los que sostienen la economía cotidiana de miles de ciudades y pequeños municipios: pequeños comercios, hostelería de baja dimensión, taxistas, fruterías, carnicerías, quioscos, pescaderías, entre otros.

"Esta situación sería la puntilla para miles de pequeños negocios que constituyen la base del tejido económico local. Consideramos una auténtica irresponsabilidad política dar la cornada fatal a los pequeños negocios", apuntó el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

Así las cosas, reclamó la apertura “inmediata” de un diálogo “serio” y “estructurado” que permita no solo mantener la estabilidad fiscal del colectivo, sino avanzar hacia un sistema más justo y adaptado a la realidad económica del trabajo autónomo.

Además, la organización volvió a poner sobre la mesa dos demandas históricas: Un nuevo modelo fiscal para los autónomos, más coherente, equitativo y sostenible y la necesidad urgente de adecuar las bases de cotización, garantizando que las futuras pensiones no pierdan poder adquisitivo con una actualización mínima de las bases del 4% (unos 15 euros mensuales) para quienes tienen ingresos inferiores a 1.300 euros.

En su opinión, los trabajadores autónomos desean cotizar y tener prestaciones sociales similares a las de los asalariados, un compromiso que fue respaldado en 2022 por la mayoría de los partidos con representación en el Congreso.

“Desde UPTA, defenderemos hoy y siempre a los autónomos con más dificultades y que están en peor situación. Nada tienen que ver las necesidades del colectivo de trabajadores autónomos con los intereses de medianas y grandes empresas. Exigimos responsabilidad política y pedimos que los partidos dejen a un lado los intereses partidistas. Con los autónomos no se puede jugar. Nos sentimos utilizados y parecemos meros actores secundarios de la economía", se quejó Abad.