La capacidad de los autónomos para imponer plazos de pago se reduce al 14%, mientras que en la pyme sube al 36% y en las grandes empresas, al 46%, según los datos correspondientes a 2026.

El estudio también reflejó que las Administración se demoran en los pagos a las empresas. El 42% de las compañías encuestadas que trabaja con el sector público tuvo que aceptar plazos por encima de lo deseado. A la hora de pagar, las Administraciones locales son las que más tardan, en el 30% de los casos, seguidas de las autonómicas, con un 17%, y la estatal, con un 12%.

El 56% de las empresas percibe que el atraso en los pagos se corresponde con problemas financieros en sus clientes, si bien esto se ha reducido dos puntos porcentuales respecto al 2025.

La falta de liquidez vuelve a ser la razón más citada para explicar la morosidad empresarial (56%), junto con el retraso intencionado (56%), la complejidad del procedimiento de pagos (15%), las disputas sobre la calidad de los bienes y servicios suministrados (6%) o la emisión de facturas incorrectas (6%).