La propuesta del Ejecutivo francés, que ha llegado después de un prolongado debate público sobre el uso del velo islámico, prohíbe la utilización de cualquier forma de vestimenta destinada a ocultar la cara en lugares públicos.

La ley prevé multas de hasta 150 euros o la exigencia de completar un programa de rehabilitación de la comunidad en el caso de incumplir este precepto.

Esta decisión se produce unas semanas después de que el Congreso belga votara abrumadoramente a favor de una prohibición similar.

"Una prohibición completa de la cubierta de la cara violaría los derechos a la libertad de expresión y de religión de las mujeres que llevan el ‘burka’ o el ‘niqab’ en público como una expresión de su identidad o creencias", explicó John Dalhuisen, experto de Amnistía Internacional sobre la discriminación en Europa.

Amnistía recordó que el Consejo de Estado, máximo órgano asesor jurídico de Francia, expresó anteriormente serias reservas sobre la compatibilidad de esta prohibición con la Constitución francesa y las obligaciones del país en virtud del derecho internacional humanitario.

"Hacer caso omiso de la opinión del Consejo de Estado sobre esta cuestión sería traicionar una indiferencia hacia las normas de derechos humanos, en general, y los derechos de las mujeres musulmanas que deciden llevar velo completo de la cara, en particular", añadió Dalhuisen.

El Gobierno francés consideró necesaria esta prohibición para preservar la seguridad pública y proteger a las mujeres de ser presionadas para colocarse el velo integral en la cara.

Sin embargo, Dalhuisen precisó que estas "preocupaciones legítimas de seguridad" pueden satisfacerse con restricciones específicas en lugares de riesgo definidos.

Amnistía concluyó que el debate en Francia se ha centrado en la necesidad de defender los valores republicanos nacionales, pero desconsideró que "valores tan importantes como la libertad, la igualdad y la fraternidad avancen por una restricción discriminatoria".