Según informó la Policía, la red desarticulada elaboraba contratos de trabajo y nóminas que simulaban la obtención de ingresos, así como certificados de empadronamiento e informes municipales de habitabilidad de viviendas para adecuarlos a los requisitos exigidos para obtener autorizaciones de residencia.

Los implicados también empleaban las falsificaciones para realizar altas fraudulentas en el sistema de Seguridad Social, con lo eludían el pago de las preceptivas cuotas y conseguían el cobro indebido de indemnizaciones por desempleo o la prestación de renta agraria especial.

Han sido arrestados el máximo responsable de la trama, un empresario que utilizaba sus propias cuentas de cotización en el Sistema Especial Agrario y en el Régimen General para dar de alta ilegalmente a trabajadores.

ENTRAMADO COMPLEJO

Hasta el hasta el momento han sido detenidas 148 personas en las provincias de Granada (105), Murcia (23), Jaén (11), Almería (3), Ciudad Real (3), Sevilla (1), Lérida (1) y Badajoz (1).

La investigación se inició en el mes de mayo de 2016, cuando los agentes tuvieron conocimiento de determinadas irregularidades en la solicitud de autorizaciones de residencia por parte de ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad marroquí.

Tras llevar a una serie de gestiones, se comprobó la existencia de una organización criminal que, a través de un complejo entramado de contrataciones ficticias y falsedades documentales, llevaba a cabo diversas actuaciones delictivas que se extendían a un elevado número de provincias.

Facilitaban principalmente la documentación falsificada oportuna para la regularización de ciudadanos extranjeros en nuestro país mediante la obtención de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales -arraigo social- y la reagrupación de sus familiares hacia España.