Así lo explican en un comunicado conjunto las asociaciones del sector agrario (Asaja, COAG, UPA), cooperativas agroalimentarias, Aecoc, de la industria (FIAB y Promarca), de los sectores de la distribución (Anged, Asedas, ACES) y de la restauración (Marcas de Restauración).

Además, indican que tras un estudio sobre la constitucionalidad del impuesto elaborado por Uría Menéndez, consideran que vulnera principios como el de territorialidad, obstaculización de la libre circulación de mercancías y servicios en el territorio nacional, el principio de prohibición de doble imposición no coordinada, de seguridad jurídica, el de igualdad y no discriminación, y la libertad de circulación de mercancías, entre otros.

A este respecto, añaden que el impuesto genera a la cadena agroalimentaria que opera en Cataluña una pérdida de competitividad por las cargas “desproporcionadas” que suponen para las empresas y la consecuente inseguridad jurídica.

Por otra parte, sostienen también que este impuesto incumple el Derecho de la Unión Europea, por lo que también están valorando presentar una queja a la Comisión Europea.