El CES informó este jueves que la Ley 28/2005 también es la reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco remitido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la preceptiva consulta por parte de este órgano socioeconómico y social.

El anteproyecto de ley es la segunda parte de la transposición de la Directiva 2014/40/UE, cuyo plazo concluyó el 20 de mayo de 2016. La primera parte se articuló con la aprobación del Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, que regula determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados.

El Consejo Económico y Social considera en un comunicado que, con carácter general y salvo algunas observaciones, este anteproyecto ahora dictaminado transpone adecuadamente el contenido de la directiva, si bien de manera extemporánea, al incumplir los plazos. “No obstante, se echa en falta una evaluación de los efectos de la aplicación de la norma de 2005 que, entre otras cosas, prohibió el consumo de tabaco en los centros de trabajo, establecimientos de hostelería, estaciones, puertos y medios de transporte y centros de formación entre otros. Lo que en opinión de este Consejo, ayudaría a contextualizar dichos cambios en los objetivos de la política de salud”.

Además, el CES recordó que desde la aprobación del anterior texto de 2005, “han surgido nuevos dispositivos y formas de consumo de tabaco, como los cigarrillos electrónicos, cuya inocuidad ha sido puesta en tela de juicio. Al mismo tiempo han proliferado canales de venta y distribución telemáticos, con una actividad comercial que reviste una mayor dificultad para el control y la supervisión que los canales tradicionales”.

Por ello, este Consejo valoró positivamente que el anteproyecto profundice en la protección de la salud de los menores, extendiéndolo al consumo de nuevos productos del tabaco o de dispositivos que contengan nicotina. El CES entiende que “el interés superior del menor debe ser valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado, tal y como establece la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor”.