Aprobado con los votos a favor de PP y Ciudadanos, el texto, propuesto por el PP, incluye una enmienda del segundo grupo donde se insta al Ministerio de Educación a recurrir dicha norma ante el Constitucional.

Según el senador de Ciudadanos Luis Crisol, el nuevo decreto busca “burlar la suspensión judicial” del llamado decreto del trilingüismo, ya que pretende ampliar de forma urgente los ‘proyectos lingüísticos de centro’ previstos en la norma suspendida.

A su juicio, se trata de una forma “inadmisible de eludir la acción de la justicia”, con lo que el Ministerio de Educación “debe tomar cartas en el asunto y recurrirlo”,.

Para la senadora popular Marta Torrado, “este recurso al TC es el final de un proceso que ha empezado ya con la apertura de una comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat Valenciana”. “Si a lo largo de este proceso se demuestra que la Comunitat insiste en mantener aquellos puntos que el PP considera agresiones a los derechos de los valencianos, se procederá al correspondiente recurso”, afirmó.

DEFENSA DE LOS CONCIERTOS

Asimismo, la moción presentada por el PP pide al Ejecutivo central que vele por la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos de acuerdo con los principios constitucionales atendiendo a la demanda real y efectiva de padres, madres y tutores legales.

En su intervención, Torrado criticó el aumento de las ratios de alumnos por aula para concertar nuevas unidades de Bachillerato aprobada en abril, algo que, a su juicio, constituye “una ofensiva contra la escuela concertada”.

El cambio ha supuesto un incremento de la ratio en el 75% de los municipios afectados (116 de 153 centros con alguna unidad concertada), y en algunos casos ha alcanzado los 35 alumnos. “Ninguna Administración puede pasar por encima de los padres para imponerles un modelo educativo. Y eso está pasando en la Comunitat Valenciana”.