La proposición, presentada por el Partido Popular, tiene como objetivo sustituir las extracciones de agua subterránea en el entorno de Doñana, de acuerdo con las prioridades y en las superficies amparadas por el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana.

Durante su defensa, el diputado del PP Carmelo Romero hizo hincapié en que los pueblos del Condado de Huelva “se dedican fundamentalmente a la agricultura y cultivan frutos rojos”, para los cual “necesitan agua para el regadío”.

A su juicio, se trata de “un grave problema de supervivencia”, porque, además de poner en peligro la conservación de Doñana, no disponer de los recursos hídricos suficientes afectaría al empleo de la región, que generó ”más de 80.000 empleos de manera directa en la pasada campaña de recolección y preparación”, y “no debemos olvidar que en la provincia de Huelva el paro es mucho mayor que la media de paro nacional”.

En este sentido, explicó que a pesar de que se acordó la transferencia anual de 4,99 hm3 de recursos hídricos realizada desde la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, es necesario que se haga efectiva una nueva transferencia a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, desde otro ámbito de planificación hidrológica, de hasta 15 hectómetros cúbicos al año de nuevos recursos superficiales.

La iniciativa pide elaborar los estudios informativos y justificativos, redactar los proyectos de aquellas infraestructuras que pudieran posibilitar la transferencia y realizar la evaluación de impacto ambiental de forma conjunta, así como que en el proyecto de modificación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional se aborde un régimen transitorio que permita hacer efectivos los trasvases que posibiliten las infraestructuras ya construidas y en explotación, en tanto se acometen las que serían necesarias para poder transferir el total máximo que se pudiera aprobar.

SOLO EL PP VOTÓ A FAVOR

La votación, que se saldó con 14 votos a favor, ocho en contra y 12 abstenciones, contó con el voto en contra del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y con las abstenciones del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

Pedro Arrojo, de Unidos Podemos, denunció que hasta ahora se ha venido produciendo “una película de desgobierno y de ilegalidad consentida que pone en peligro el futuro de ese desarrollo agrario y de la conservación de Doñana”, respecto de los pozos ilegales.

En su opinión, con esta proposición lo que se provocaría es “amnistiar todo el regadío ilegalmente creado”, por lo que aseguró que “no podemos aceptar la ilegalidad y legalizarla” y argumentó que aunque se aprobase una nueva transferencia de hasta 15 hectómetros cúbicos al año, no habría agua suficiente.

Por último, la diputada del PSOE Josefa Inmaculada González y el diputado de Ciudadanos Luis Miguel Salvador afearon al partido popular querer “ponerse la medalla” de liderar este cambio, cuando ya hay una proposición de ley aprobada en el Parlamento andaluz en este sentido.