Según aseguró CEIM en un comunicado, esta marcha de compañías a otras comunidades autónomas tendrá “gravísimas consecuencias” para Cataluña, entre las que figuran “recesión y pérdida de puestos de trabajo”, así como “desaceleración en el crecimiento de la economía del resto de España”.

Otro factor negativo derivado de esta situación serían las “dificultades para mantener el Estado del bienestar del conjunto de los ciudadanos”.

Además, los empresarios de Madrid expresan su “apoyo incondicional a las instituciones del Estado (...) en su misión de restablecer el orden constitucional y la legalidad vigente”.

Para finalizar, CEIM insiste en que “las posibles modificaciones que se puedan acordar de la Constitución Española (...) no deberían, en ningún caso, implicar privilegios de unas comunidades autónomas respecto de otras”.