La proposición, que pretende someterse a discusión en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja, está firmada por el diputado Pablo Matos y parte de la consideración de que someter a los ciudadanos a un plan de ajuste como el aprobado por el Gobierno "sin dar el apropiado ejemplo no es ni justo ni equitativo". Apela también a la "racionalización" de la Administración General del Estado y las Sociedades Públicas Estatales para "evitar duplicidades" con las comunidades autónomas.

En este sentido, el PP concede que la Sociedad Pública Estatal del Suelo (Sepes) "está cumpliendo su función" y que la recién creada Sepes Urbana "podría ser útil en la función de desarrollar tanto suelo de titularidad pública como aquel suelo que sea adquirido a particulares, promotores o bancos". Pero no así la SPA, que a su juicio "constituye una clara duplicidad" a las sociedades públicas locales y autonómicas, que califica de "ineficaz".

Además, los populares recuerdan que a la SPA el Estado "la ha sacado de la quiebra en dos ocasiones y previsiblemente seguirá haciéndolo". De hecho, el Ministerio de Vivienda le ha inyectado aportaciones por valor de 13,4 milones para compensar pérdidas, pero sus números rojos seguirían ascendiendo a 9,9 millones. El Congreso de los Diputados ya pidió su disolución el 9 de junio de 2009.