El Defensor del Pueblo informó este sábado que está ahora estudiando el expediente, previo a adoptar las medidas que estime oportunas.

Por su parte, Compromís igualmente ha presentado una moción en el Senado exigiendo la anulación del proyecto, y decenas de iniciativas parlamentarias como preguntas escritas al Gobierno o peticiones de documentación diversa.

El escrito que ha ocasionado esta expediente señala que el procurador del Común de Castilla y León dictó el 23 de agosto de 2017 una Resolución en la que le dice a la Junta de Castilla y León que la Declaración de Impacto Ambiental aprobada sobre el Proyecto de Explotación en la Concesión de Explotación de recursos minerales de uranio no es válida para la autorización de uso excepcional en suelo rústico y Licencia Urbanística de esa instalación radiactiva.

En dicha Resolución se señala que esa Institución “no puede enjuiciar aquellas decisiones adoptadas en su ámbito de competencia por parte de los órganos de la Administración del Estado”.

En consecuencia, “no es posible efectuar ninguna valoración sobre la legalidad de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero, por la que se autorizó el vertido de aguas residuales a los cauces del río Yeltes y del arroyo Caganchas, ni sobre la resolución por la que se desestimó el recurso de reposición interpuesto por parte del ayuntamiento de Villavieja de Yeltes”.

A pesar de esa posible contaminación del río Yeltes y su cuenca, en la Declaración de Impacto Ambiental no se hace ninguna referencia a si estos vertidos pueden tener incidencia en la salud de los pobladores de las márgenes del río, contraviniendo la normativa europea y española vigente.

De este modo, la Declaración de Impacto Ambiental "no disipa las dudas científicas razonables sobre los efectos del proyecto en especies como la sarda salmantina o el Sapillo pintojo ibérico, y presenta lagunas y conclusiones imprecisas”.

“Tal y como demuestra este informe, los riesgos para el lugar y para ciertas especies de interés comunitario de peces, anfibios y reptiles es evidente y muy alto, y se ponen de manifiesto contradicciones y errores realizados en la evaluación de impactos y declaración de impacto ambiental”.

En base a esto, se solicitó que el Defensor del Pueblo evalúe si en las Resoluciones aprobadas por la Confederación Hidrográfica del Duero, relativas a la concesión de aprovechamiento de aguas y autorización de vertidos de la explotación minera prevista en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes, se ha cumplido con la normativa vigente.