Discapacidad. Fiapas reclama que se desarrolle la ley de lengua de signos y de apoyo a la comunicación oral tras 10 años de su aprobación
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) reclamó este lunes que se desarrolle la Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, puesto que ya han pasado 10 años desde su aprobación.
Fiapas hizo hincapié en un comunicado en que esta ley supuso el reconocimiento expreso de la diversidad comunicativa de las personas con sordera y “rubricó el derecho de libre elección -de los padres si se trata de menores- sobre la lengua vehicular de comunicación y de enseñanza y aprendizaje”.
En este sentido, defendió que esta ley “garantiza a las personas con sordera que comunican en lengua oral y son usuarias de prótesis auditivas (audífonos e implantes) que puedan disponer de los recursos de apoyo a la comunicación oral que precisen para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones como ciudadanos en igualdad de condiciones”.
Por ello, Fiapas remarcó la necesidad de que “se culmine el desarrollo reglamentario de la ley, con el alcance que se previó y desde la equidad en el tratamiento a las distintas opciones de comunicación, trasladando este enfoque de la norma estatal a los correspondientes desarrollos económicos”.
Asimismo, demandó que “se planifique de forma equilibrada la dotación presupuestaria que debe acompañar al desarrollo de la ley, a partir del análisis de necesidades, de la identificación de las demandas y de los recursos existentes” y “se hagan efectivos los mandatos relativos a la financiación y acceso a apoyos técnicos para personas sordas”.
Por último, indicó que “no hay que olvidar el doble objeto de la ley, tanto en lo relativo a las personas sordas usuarias de la lengua de signos, como a las personas sordas que comunican en lengua oral”, puesto que “obviar este último significa invisibilizar a más del 97% de las personas sordas de nuestro país que utilizan la lengua oral y precisan de medios de apoyo a la comunicación oral”.
A este respecto, la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó en el mes de mayo una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a aprobar dicho reglamento “durante 2017”, así como a “dotarlo conjuntamente con las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, con los medios humanos y materiales que sean necesarios”.
(SERVIMEDIA)
23 Oct 2017
CJC/caa